En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó cuatro solicitudes de consulta popular por considerarlas inconstitucionales. Estas fueron numeradas como 1/2014, 2/2014, 3/2014 y 4/2014. Una de ellas, la identificada bajo el expediente 1/2014, fue resuelta por el Pleno de la SCJN el 30 de octubre de ese año.
El avance de la democracia en México en los últimos 11 años no ha sido menor. Al contrario, es uno de los ejemplos más relevantes a nivel geopolítico. Aquí algunos hechos y datos verificables de la historia reciente del país.
La solicitud versaba sobre la exigencia de que se consultara a la población si estaba de acuerdo en otorgar contratos o concesiones a particulares para la explotación del petróleo. Dicha propuesta fue impulsada por millones de mexicanas y mexicanos. Mediante amplias movilizaciones y la recolección masiva de firmas, manifestaron su voluntad de defender la soberanía energética del país. Las firmas fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) dentro del proceso formal de Consulta Popular previsto en la legislación vigente.
A partir de 2018, el pueblo de México utiliza este mecanismo como herramienta de expresión democrática. Destacan cuatro grandes ejercicios de consulta:
1. Consulta sobre los 10 proyectos prioritarios de Nación.
2. Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes.
3. Consulta Popular sobre la Revocación de mandato.
4. Consulta para elegir democráticamente a todas las personas juzgadoras del país.
En todos estos ejercicios, subyace un mismo principio: el pueblo de México ejerce su derecho inalienable a modificar su forma de gobierno y a trazar el rumbo de la Nación. Estos ejercicios representan una ruptura frontal contra la pasividad promovida por el régimen político anterior, que redujo a la ciudadanía al papel de observadora pasiva. Por el contrario, las consultas populares han permitido que el pueblo participe activamente en la toma de decisiones de trascendencia nacional.
Una constante en todos estos procesos ha sido el sistemático y deliberado intento por obstaculizar, inhibir y desacreditar el ejercicio de la democracia participativa.
Estas acciones de sabotaje se apoyan en narrativas difundidas en medios de comunicación con fuertes vínculos con intereses económicos y políticos del antiguo régimen. Dichas narrativas recurren al desprestigio del proceso, cuestionan su legalidad o utilidad. Buscan fomentar el desinterés ciudadano, acusan a la población de ser poco preparada o no estar lista para dirigir el rumbo de su vida.
En el caso de los 10 proyectos prioritarios, se desestimó la consulta bajo el argumento de que no existía una reglamentación jurídica que volviera vinculante la participación ciudadana. Se ignoró la importancia estratégica que representaba en la construcción de un nuevo proyecto de Nación.
En la consulta para enjuiciar a expresidentes, que sí contaba con respaldo normativo, se argumentó que la baja participación ciudadana restaba legitimidad al ejercicio; desde la exigencia del 40% de participación establecida en el artículo 6° transitorio de la Constitución y el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, hasta la insuficiente instalación de casillas por parte de las autoridades electorales, quienes argumentaron faltas presupuestales, pero callaron maliciosamente los altos gastos que genera su burocracia dorada de unos cuantos.
Con la revocación de mandato ocurrió algo similar. A los obstáculos legales y logísticos se sumó una contradicción evidente: aquellos sectores que abiertamente repudiaban al gobierno federal fueron los mismos que promovieron la no participación ciudadana en el ejercicio. ¿Qué acción puede ser más contraria a la democracia que desincentivar la participación en un mecanismo expresamente diseñado para escuchar la voluntad del pueblo?
Hoy, con la propuesta de someter a consulta la elección directa de juezas y jueces en todo el país, los mecanismos de sabotaje vuelven a activarse. Se repite el patrón: trabas legales, campañas mediáticas de desprestigio y un llamado velado a la apatía. Esta resistencia no debería sorprender: responde a un modelo de poder que ve en la participación del pueblo una amenaza directa a sus intereses y privilegios.
Sin embargo, todos estos procesos tienen un elemento común aún más relevante: demuestran la existencia de un movimiento político con una vocación democrática profunda. En 2014, cuando se promovió la consulta sobre la defensa del petróleo, Morena aún no tenía mayoría legislativa ni la titularidad del Poder Ejecutivo, y aun así impulsó un mecanismo de democracia directa en defensa de la soberanía nacional. A partir de 2018, ya con el respaldo de la ciudadanía expresado en las urnas, este mismo movimiento ha mantenido su compromiso con la participación popular.
La continuidad de estas consultas no revela una obsesión por el poder, sino una convicción genuina de trasladar el poder político al pueblo, de alejarlo de los intereses económicos que históricamente lo han capturado. Son ejercicios que reflejan un nuevo pacto entre gobierno y ciudadanía, donde esta última no sólo elige, sino también decide.
Este primero de junio se sienta una base fundamental en el sistema político nacional, la democratización del país se instala en los tres poderes de la Unión, resalta la responsabilidad de la población por informarse e inmiscuirse en estos procesos y deja precedentes claros para futuros ejercicios democráticos participativos. Tenemos pues, la responsabilidad de generar la convicción de la eficacia por apostar a esta forma de gobernabilidad, confiar en la capacidad de decisión del pueblo.
El rumbo es claro: la revolución de las conciencias avanza cuando se materializa la máxima de que el pueblo pone y el pueblo quita.
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