El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, con el objetivo de prevenir y reducir este delito a través de inteligencia, atención a víctimas y coordinación entre autoridades. En línea con el programa de seguridad de esta administración, esta estrategia es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
¿En qué consiste la estrategia?
La estrategia se sustenta en cinco ejes:
- Generar detenciones con apoyo de investigación e inteligencia.
- Crear Unidades Antiextorsión locales.
- Aplicar protocolos de atención a víctimas.
- Capacitar operadores del 089 en manejo de crisis.
- Desplegar una campaña nacional de prevención.
Junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se tomarán las siguientes acciones. El congelamiento de cuentas bancarias donde se depositan los cobros de las extorsiones, bloqueo judicial de líneas telefónicas y operativos sorpresa en cárceles para decomisar celulares.
García Harfuch hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana. El número 089 se establecerá como línea nacional especializada para denuncias anónimas, con operadores entrenados y protocolos de actuación. El énfasis en el anonimato es necesario para la protección de la identidad de la víctima.
Además, se brindarán capacitaciones a cajeros de tiendas de conveniencia e instituciones bancarias para evitar depósitos a extorsionadores. Así como a recepcionistas de hoteles del país para identificar y evitar casos de secuestro virtual.
Por último, se fortalecerá el papel del Observatorio de Seguridad Ciudadana, activo ya en 20 estados. Desde marzo a la fecha, ha canalizado más de 60 reportes de secuestro y extorsión.
Del fuero común al fuero federal
El titular de la SSPC mencionó algunos de los resultados relevantes que se han presentado contra este delito. En Morelia y Apatzingán en Michoacán; Iztapalapa en Ciudad de México; Villahermosa y Centla en Tabasco; Ecatepec en Estado de México; Jalisco; Querétaro; Villagrán, Guanajuato; y en Tulum, Quintana Roo han detenido gente por el delito de extorsión.
La colaboración con el gobierno de cada uno de los estados es particularmente importante en el caso de la extorsión ya que es un delito del fuero común. Esto significa que es jurisdicción del gobierno estatal resolver este tipo de delitos.
La Estrategia se centrará en los estados donde se acumula el 66 por ciento de las extorsiones a nivel nacional son Estado de México (2,049 carpetas), Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se opera de manera prioritaria con equipos especializados.
Durante la conferencia de prensa matutina se comentó de la posibilidad de una nueva reforma a la Ley que permitirá clasificar la extorsión como delito federal. De esta forma, se podría atender el asunto como una emergencia nacional y así obtener resultados sobre uno de los delitos que no se han podido reducir durante la administración de Sheinbaum.
Según datos del INEGI, a pesar de que este año se redujo la tasa de defunciones por homicidio de 12.4 homicidios (2023) por cada 100 mil habitantes a 11.7 (2024), el porcentaje de atestiguamiento de extorsiones (o cobro de piso) ha aumentado de 16.3 (2023) a 16.9 (2024).
La Estrategia Nacional contra la Extorsión tiene el objetivo de resolver esta falta y por ello es necesaria la colaboración integral entre entre instituciones federales, estatales y la sociedad civil.
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