A solo dos días de las elecciones judiciales del 1 de junio, un Tribunal Colegiado del antiguo poder judicial absolvió a José Luis Abarca. El exalcalde de Iguala tenía cargos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
A poco más de 10 años de la Noche de Iguala, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, negó, en favor de José Luis Abarca, el amparo promovido por los padres de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”. Dicho amparo buscaba revertir el fallo del juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el que se exoneró a Abarca y a otras personas, de los cargos por la desaparición de los normalistas.
El Tribunal Colegiado ratificó la sentencia y consideró que no había pruebas suficientes para vincular al ex-alcalde de Iguala con los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. Con esta sentencia José Luis Abarca queda exonerado de la causa penal 66/2015, la única que lo vinculaba con el Caso Ayotzinapa.
Abarca no saldrá en libertad, seguirá recluido en el Penal del Altiplano, en el Estado de México, por otros delitos que se le imputan, tales como lavado de dinero y homicidio.
Un poder judicial obtuso ante los avances en el caso
En 2020, el gobierno mexicano, a través de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, encabezada por Alejandro Encinas y creada por instrucción del presidente López Obrador, desechó la Verdad Histórica sobre el caso Ayotzinapa, fabricada en el sexenio de Enrique Peña Nieto por la PGR de Jesús Murillo Karam. Con ello se amplió el marco de investigación en busca de nuevas posibles resoluciones.
Desde 2014, el poder judicial se mostró lento e ineficiente para atender las demandas de justicia por el Caso Ayotzinapa. Los procesos judiciales contra los principales funcionarios implicados (Zerón, Hernández Nieto, Abarca, etc.) se vieron ahogados en diversos recursos legales (amparos, impugnaciones, suspensiones) avalados por las instituciones impartidoras de justicia.
Aún con la nueva política ante el caso, promovida por el ejecutivo federal, el poder judicial insistió en entorpecer los procesos y blindar a exfuncionarios de alto rango, como es el caso de Luis Cárdenas Palomino, exjefe de la Policía Federal. La absolución de José Luis Abarca no es un caso aislado, sino que responde a la política de corrupción e impunidad que el poder judicial mexicano viene manejando desde hace muchos años.
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