Este 5 de junio la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, respondió a la demanda interpuesta por el Gobierno de México de nombre Smith & Wesson Brands, Inc. v. Estados Unidos Mexicanos (No. 23–1141), a las fabricantes de armas, entre las que destacan: Smith & Wesson Brands, Inc; Barrett Firearms Manufacturing, Inc; Beretta U.S.A. Corp; Century International Arms, Inc; Colt ‘s Manufacturing Company, LLC; Glock, Inc; Sturm, Ruger & Co., Inc.
Desde el 2021 el gobierno de México ha emprendido este tipo de acciones legales para detener el tráfico de armas como una de las directrices de la política del combate al crimen organizado. Ante la postura de presión e intervención de EUA, a partir del sexenio pasado el gobierno de México ha planteado la colaboración bilateral entre autoridades con respeto a las soberanías.
El fallo dictado por la Corte ha sido con apego a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA). Dentro de esta ley se establece el marco en el que se regula el papel de los fabricantes de armas en asuntos como el uso ilegal de armas por parte de terceros. México presentó un recurso denominado la excepción del predicado, en la que en caso de omisión de alguna ley al momento de la distribución se hace responsable del delito al fabricante.
Por unanimidad la Suprema Corte de los Estados Unidos dictaminó que la demanda interpuesta por el Gobierno de México no tiene los fundamentos legales, y desestimó el caso. En el acta (No. 23–1141) del caso, que se discutió de marzo a junio del presente año, algunos de los jueces declararon.
Elena Kagan expresó que la demanda de México no alega de manera verosímil el tipo de “participación consciente y culpable en la conducta indebida de otro” necesaria para formular un cargo de ayuda e instigación.
Por su parte Clarence Thomas pronunció: “permitir que los demandantes presenten simples alegaciones de una violación como predicado obligaría a muchos acusados en litigios bajo la PLCAA a litigar su culpabilidad penal en un proceso civil.”
Por último, Ketanji Brown argumentó: “la demanda de México pretende que los tribunales actúen como reguladores mediante el derecho consuetudinario. Pero el Congreso aprobó la PLCAA precisamente para preservar la primacía de las ramas políticas del gobierno (el Legislativo y el Ejecutivo)”.
Es manifiesto que la postura de los ministros de la Corte da preferencia al negocio de la fabricación y distribución de armas, que a la atención de esta grave situación de carácter internacional. A pesar de que Marco Rubio, el propio Secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, en una rueda de prensa del Congreso el 21 de mayo de 2025 afirmó que el crimen organizado es equipado con armas provenientes de los Estados Unidos. La Corte el día de hoy desestimó las acusaciones y argumentos acerca de la responsabilidad de las armadoras estadounidenses.
Mientras se acerca una vista por parte de Rubio, ambos gobiernos mueven sus fichas en las negociaciones para la atención de los asuntos económicos, migratorios y de tráfico ilegal tanto de armas como de sustancias.
A continuación, se prevén pláticas entre ambos países para atender esta situación; sin embargo, vale la pena destacar que México ha avanzado en la reducción del flujo de sustancias dando resultados. Por su parte los Estados Unidos a pesar de las declaraciones de colaboración mutua del embajador Johnson y el secretario Rubio, con este fallo se da pasos atrás en la colaboración binacional que requiere la atención de este grave asunto de salud pública.
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