ICE ha demostrado su incapacidad de garantizar los derechos humanos fundamentales de los migrantes que se encuentran bajo su custodia. Jesús Molina Veya, un migrante mexicano de 45 años, murió bajo custodia en el Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de E.U. (ICE) en Stewart, Georgia, el pasado 7 de junio a las 18:42 horas.
Stewart Detention Center (SDC) es el mayor centro de detención de inmigrantes con una capacidad para 1752 reclusos. Esta prisión funciona bajo el sistema de prisiones privadas de Estados Unidos. Esto quiere decir que la administración de la prisión está a cargo de Corrections Corporation of America (CoreCivic), la cual lucra con cada persona detenida allí. Dicha empresa y GEO Group, Inc. manejan más de la mitad de los contratos de prisiones privadas en EE.UU.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) realizó un estudio en el que revelan condiciones inadecuadas y una clara violación a los derechos de las personas migrantes en el SDC. Ahí se señalan: “demoras irrazonables para recibir atención médica y, en el caso de los detenidos con discapacidades mentales, un tratamiento punitivo en lugar de un tratamiento asistencial”. Incluso, la prisión ha enfrentado hasta 3 años sin servicios médicos.
Por otra parte, los presos sufren “temperaturas extremas y hacinamiento”; además de problemas de higiene. Raúl, un hombre que se cita en el informe de la ACLU de Georgia, describió su módulo de alojamiento como un espacio del tamaño de una cancha de baloncesto. Un gran espacio abierto, que alberga a 66 personas y está dotado con tres retretes, tres urinarios y cinco duchas.
A estas inhumanas condiciones se suman “problemas alimentarios, incluyendo horarios de comida inusuales y cantidad insuficiente”. Encima de ello, los centros de detención administrados por empresas tienen un programa de trabajo “donde los detenidos reciben entre $1.00 y $3.00 por día y, en ocasiones, son obligados a trabajar”.
A pesar de la casi nula transparencia de la prisión, Human Rights y ACLU han señalado que en el centro de detención Stewart. El personal clasifica como detenidos de máxima seguridad a personas que no tienen antecedentes penales ni han cometido crímenes violentos.
La situación de Stewart es similar a la de otros centros de detención. Esto revela un sistema migratorio profundamente problemático, donde el lucro empresarial prevalece sobre los derechos humanos fundamentales de los migrantes. Además, la clasificación arbitraria de personas sin antecedentes penales como detenidos de máxima seguridad refleja un trato injusto y punitivo que “criminaliza” a las y los migrantes sin respetar sus derechos.
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