Medio Oriente
En un escenario de guerra total entre Israel e Irán, la fuerza aérea israelí trata de mantener superioridad para dañar instalaciones nucleares y reducir la capacidad militar persa, al mismo tiempo que ataca objetivos civiles como un canal de televisión estatal en Teherán. El ejército iraní sigue lanzando oleadas de misiles contra Israel. Con sorprendente tecnología de velocidad y precisión, esas armas alcanzaron las ciudades de Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, causando enormes daños.
El consenso internacional exigiendo un alto al fuego y negociaciones, es frenado por el gobierno de Estados Unidos, argumentando que “lo que se necesita es un verdadero final al problema, no sólo un cese al fuego”. Donald Trump no firmó en Canadá una declaración pacifista del “Grupo de los Siete” (G7), volviendo a Washington por la gravedad de la situación. El gobierno israelí, que sabe que no podrá sostener una situación en que está recibiendo golpes letales en su territorio, presiona a Trump para que se sume a la ofensiva, lo que ya genera rechazos en el Congreso, donde el senador Tim Kaine presentó una ley prohibiendo al gobierno entrar en guerra con Irán.
Colombia
Hay una ola solidaria luego del atentado contra el senador conservador Miguel Uribe Turbay, así como por otras dos masacres de civiles denunciadas por el “Instituto para el Desarrollo y la Paz” (Indepaz) en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. En al menos 23 ciudades colombianas, se realizaron las “Marchas del Silencio”, convocadas por todos los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, en repudio a la creciente violencia en el país. La convocatoria fue resultado de un consenso de todas las bancadas políticas en el Congreso Nacional, que se dirigieron a la ciudadanía pidiéndole su participación “cívica, de recogimiento, sin proselitismo, sin banderas partidistas ni consignas agresivas”.
El gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro está evitando que le afecte directamente el costo político del atentado y los asesinatos efectuados por grupos criminales y las disidencias violentistas de las guerrillas desmovilizadas. Pero la derecha más extrema (de la que Uribe Turbay es parte) trata de endilgarle la culpa de la situación por “sus discursos polarizantes” con que muestra respaldo a las reivindicaciones del pueblo.
Panamá
El movimiento de huelga nacional contra la reforma neoliberal de pensiones, que se inició el 23 de abril por los sindicatos del magisterio, a la que luego se sumaron los trabajadores de la construcción y otros sectores laborales urbanos y agrarios se mantiene, aunque debilitada por la dura represión policial ordenada por el presidente José Raúl Mulino. El mandatario es un hombre de ideología abiertamente enfrentada a los gremios sindicales, a los que considera “promotores del desorden y el caos”.
No sólo que las demandas de justicia laboral y cambios en el sistema de jubilaciones no fueron atendidas por el gobierno de derecha, sino que arrecia la persecución contra dirigencias y activistas de las protestas sociales, vulnerando el fuero sindical e incluso los derechos civiles, tal como denunciaron organismos de defensa de derechos humanos en Panamá. En los últimos días, el Ministerio de Seguridad ha aplicado la denominada “Operación Omega”, efectuando 34 detenciones de manifestantes que efectuaban bloqueos de carreteras reclamando por pensiones jubilatorias dignas. Sin embargo, aún se mantienen numerosos puntos de bloqueo
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