La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto que representa un cambio estructural en materia de pensiones. Se trata de una medida para garantizar el acceso a una pensión jubilatoria justa y digna, corrigiendo aspectos de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE implementada en 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón.
El tema de la mañanera de este lunes 23 de junio fue la educación. Ahí se anunció la firma de dos decretos presidenciales como resultado de los acuerdos alcanzados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tras semanas de movilización y diálogo.
El primer decreto tiene como objetivo facilitar la movilidad de los trabajadores de la educación hacia los centros de trabajo. Esto permitirá realizar cambios que conduzcan a la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), una exigencia recurrente del magisterio disidente.
De reforma estructural a sistema de cuentas individuales
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el decreto modifica las condiciones impuestas en la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el sistema solidario —donde las pensiones se calculaban con base en el salario del último año de servicio— por un modelo de cuentas individuales administradas por AFORES, con pensiones determinadas por el monto del ahorro acumulado.
En el modelo anterior al 2007, las mujeres podían jubilarse tras 28 años de servicio y los hombres con 30, sin requerimientos de edad mínima. Sin embargo, con la reforma de Calderón, se impuso una edad mínima que llegaría a los 60 años en 2028, además de mantener el requisito de años de servicio.
Reducción en edad de jubilación y financiamiento estatal
El nuevo decreto firmado hoy revierte parcialmente esa reforma, y propone una reducción progresiva en la edad mínima de jubilación. Según lo anunciado, se espera que para 2034 las y los maestros puedan retirarse a los 53 años (mujeres) y 55 años (hombres), en contraste con los 58 y 60 años que habrían estado vigentes para 2028 de acuerdo con la ley anterior.
El gobierno federal destinará 36 mil millones de pesos para hacer viable esta reforma, como parte de una estrategia que busca reconocer la labor del magisterio nacional y reparar lo que ha sido considerado por amplios sectores como una injusticia estructural contra quienes dedican su vida a la enseñanza.
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