Casos en la Suprema Corte revelan uso abusivo de recursos legales y presuntos vínculos con ministros para frenar resoluciones
El grupo empresarial Elektra, enfrenta 32 juicios fiscales que suman más de 74 mil millones de pesos en litigio, correspondientes a impuestos no pagados desde 2008. A lo largo de 16 años, esta empresa ha interpuesto decenas de recursos legales para retrasar indefinidamente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, muchos de ellos aún sin resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Del monto total, tres juicios ante la SCJN concentran 26 mil millones de pesos, mientras que otros cinco casos delicados en tribunales colegiados de circuito suman 20 mil millones. A ello se agregan 11 juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por más de 8 mil millones, y tres litigios en el SAT que involucran otros 20 mil millones.
A pesar de haber agotado todas las garantías legales de audiencia y defensa —y de haber tenido múltiples oportunidades para probar el cumplimiento de sus obligaciones— el grupo ha recurrido a lo que autoridades han calificado como una estrategia sistemática de evasión judicial, interponiendo hasta 29 recursos en un solo juicio.
Uno de los litigios más antiguos debía resolverse desde 2008. Desde entonces, se han acumulado retrasos por medio de recursos, recusaciones a jueces y ministros, alegando supuestos conflictos de interés, así como solicitudes para atraer los casos a la Corte.
Reforma judicial y lucha contra privilegios
El caso ha sido expuesto como emblemático del régimen de privilegios que ha operado en el sistema judicial mexicano. Autoridades federales han señalado que parte de las críticas actuales a la reforma judicial tienen como trasfondo el interés de grupos empresariales y mediáticos en conservar vínculos con jueces y ministros que han facilitado esta impunidad fiscal prolongada.
De acuerdo con lo dicho en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este tipo de casos muestran cómo ciertos sectores han usado el poder judicial “para defender intereses particulares, no para impartir justicia”.
La situación cobra especial relevancia a semanas de que cambie la integración de la Suprema Corte, el 1º de septiembre, con el nombramiento de nuevos ministros elegidos por voto popular. Las autoridades insisten en que los actuales ministros deben resolver con imparcialidad los casos pendientes antes de dejar el cargo.
Exhorto a la justicia expedita
Desde el gobierno federal se hizo un llamado a que estos recursos públicos —que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura— sean recuperados sin más dilación. Se demandó una justicia imparcial, expedita y al servicio del pueblo, sin que los grandes contribuyentes usen su capacidad corporativa para burlar al fisco.
Además, se anunciaron reformas legales al sistema de justicia, incluyendo cambios en la Ley de Amparo y el Código de Procedimientos Penales, para evitar abusos como los que han permitido alargar juicios fiscales por más de una década.
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