Un tribunal federal ordenó a Grupo Elektra pagar al SAT alrededor de 2 mil millones de pesos por impuestos no cubiertos en 2012.
El fallo fue emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y refiere a un caso específico de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de ese año.
El SAT informó en 2024 que diversas empresas de Grupo Salinas debían un total de 63 mil millones de pesos. Esa cifra deriva de auditorías fiscales realizadas entre 2008 y 2018.
Actualmente, el grupo enfrenta 17 juicios fiscales activos relacionados con esos adeudos. Y no sería la primera vez que Grupo Salinas evita pagar lo que debe. Acreedores estadounidenses buscaron aplicar el Capítulo 11 (bancarrota) contra TV Azteca, por el incumplimiento de pagos.
Consolidación fiscal: el eje legal de los juicios contra Grupo Salinas
La mayoría de estos juicios están vinculados al régimen de consolidación fiscal, eliminado en 2013. Ese esquema permitía a empresas del mismo grupo compensar ganancias y pérdidas para reducir su carga tributaria. Las autoridades detectaron irregularidades en su aplicación durante los años auditados.
Grupo Elektra ha anunciado que impugnará el fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por lo tanto, la sentencia aún no es sólida y el pago de los 2 mil millones dependerá del desenlace en la SCJN.
¿Qué se podría financiar con 2 mil millones de dólares en programas públicos?
Ese monto, si se invirtiera en programas públicos, tendría un impacto amplio en educación.
Por ejemplo, cubriría más de 210 mil Becas Rita Cetina durante un año escolar completo. Esto sería considerando que son $1 900 MXN bimestrales por familia y 5 pagos bimestrales.
El monto más alto que puede otorgar la Beca Benito Juárez es $11 200 bimestrales. 2 mil millones permitirían entregar más de 35 mil apoyos anuales. O bien, alcanzaría para más de 70 mil becas anuales de Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Un pago pendiente con impacto nacional
Más allá del litigio, el caso Elektra-SAT evidencia cómo 2 mil millones de dólares podrían usarse para transformar vidas si se canalizaran al sector público.
Si la Corte ratifica el fallo, la empresa deberá cumplir con la resolución en un plazo legal. Este caso marcaría entonces un precedente en la fiscalización de grandes contribuyentes en México y refuerza la estrategia del SAT para recuperar adeudos históricos.
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