El proyecto de ley fiscal de la administración Trump, aprobado por la Cámara de Representantes en mayo de 2025, constituye una de las transferencias de riqueza más agresivas en décadas. Canalizando cientos de miles de millones de dólares desde los programas sociales hacia los bolsillos de las élites económicas estadounidenses, castiga sistemáticamente a las familias trabajadoras, inmigrantes y comunidades más vulnerables del país.
El desmonte sistemático de la red de seguridad social
Medicaid: 7.6 millones de estadounidenses perdedores en el juego de los recortes
Se revela la verdadera naturaleza del proyecto, titulado “One Big Beautiful Bill Act”, en los recortes devastadores a Medicaid, el programa de salud que protege a 90 millones de estadounidenses vulnerables. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), los recortes propuestos alcanzarían $723 mil millones durante la próxima década, el 11% del gasto federal total en Medicaid. Esta reducción masiva se traduciría directamente en 7.6 millones de personas dejando de estar aseguradas, mientras que 10.3 millones verán afectado su acceso a cobertura médica..
Los mecanismos diseñados para lograr estos recortes revelan una sofisticada arquitectura de exclusión social. La medida más punitiva consiste en obligar a los adultos elegibles a través de la expansión del Programa de Cuidado de Salud Asequible (ACA) a cumplir requisitos laborales y de reporte, una disposición que por sí sola generaría $280 mil millones en “ahorros”. Esta política ignora deliberadamente la realidad económica de millones de trabajadores en empleos precarios, trabajadores estacionales, cuidadores no remunerados y personas con discapacidades parciales que no califican para exenciones, pero enfrentan barreras significativas para el empleo formal.
El proyecto también propone derogar las regulaciones de la administración Biden que simplificaron los procesos de elegibilidad y renovación de Medicaid, una medida que ahorraría $167 mil millones pero que efectivamente recreará los laberintos burocráticos que históricamente han excluido a familias elegibles por pura complejidad administrativa. La experiencia de estados como Texas y Florida, donde procesos similares han resultado en la pérdida de cobertura para cientos de miles de niños elegibles, prefigura el impacto devastador de esta medida.
Particularmente alarmante es el ataque a los mecanismos de financiamiento estatal. El establecimiento de una moratoria sobre impuestos nuevos o incrementados a proveedores de servicios médicos eliminaría $89 mil millones que los estados utilizan para maximizar los fondos federales de Medicaid. Esta disposición no solo reduce el financiamiento disponible, sino que efectivamente castiga a los estados que han sido más proactivos en expandir el acceso a la atención médica para sus residentes más vulnerables.
SNAP: hambre como herramienta de control social
El asalto al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) representa una escalada sin precedentes en la guerra contra los programas anti pobreza. El proyecto busca reducir el gasto federal en SNAP en $267 mil millones durante diez años a través de un conjunto de medidas que sistemáticamente excluyen a las familias trabajadoras más vulnerables.
La expansión de los requisitos laborales constituye el arma principal en este ataque. La legislación reduciría la edad límite para los requisitos laborales de 64 a 54 años, forzando a trabajadores mayores en un mercado laboral que sistemáticamente discrimina contra la edad al buscar empleo o perder asistencia alimentaria. Más devastadora aún es la medida que limitaría las exenciones de trabajo solo a padres con niños menores de 7 años, eliminando las protecciones actuales para padres con niños hasta los 18 años.
Esta política ignora completamente las realidades de la economía moderna, donde el cuidado infantil puede costar más que un salario mínimo y donde los horarios escolares raramente coinciden con los horarios laborales estándar. Forzar a padres con niños de 7 años en adelante a elegir entre trabajar y supervisar adecuadamente a sus hijos no solo compromete la seguridad alimentaria familiar, sino que perpetúa ciclos de pobreza al forzar decisiones imposibles entre supervivencia económica inmediata y bienestar infantil a largo plazo.
El proyecto también limita la capacidad de los estados para eximir individuos de los requisitos laborales de SNAP, eliminando la flexibilidad local que ha permitido a estados adaptar el programa a condiciones económicas regionales específicas. Esta centralización del control efectivamente elimina la capacidad de respuesta a crisis económicas locales, recesiones regionales o desastres naturales que temporalmente limitan las oportunidades de empleo.
Más siniestra aún es la disposición que restringe la capacidad de futuras administraciones federales para expandir o ajustar criterios de exención o niveles de beneficios. Esta medida no solo limita la respuesta política a futuras crisis, sino que constitucionaliza efectivamente la austeridad al requerir acción del Congreso para cualquier expansión futura de la red de seguridad nutricional.
La bonanza fiscal para las élites
Permanencia de los regalos fiscales a los ricos
Mientras desmantelan programas que literalmente mantienen vivos a millones de estadounidenses, los arquitectos del “One Big Beautiful Bill Act” simultáneamente cementan permanentemente los regalos fiscales a las élites económicas. La legislación busca hacer permanentes los recortes de impuestos establecidos en la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 (TCJA), que de otra forma expirarían este año.
La TCJA original ya constituyó una de las transferencias de riqueza más regresivas en la historia estadounidense moderna. Según análisis del Instituto de Política Fiscal, aproximadamente el 60% de los beneficios de la ley original fueron a parar al 20% más rico de los contribuyentes, mientras que el 1% superior recibió cerca del 25% de todos los beneficios. Hacer permanentes estas disposiciones no solo perpetúa esta desigualdad, sino que la institucionaliza en el código fiscal estadounidense.
La deducción SALT: bienestar para los suburbios ricos
Una de las disposiciones más cínicamente diseñadas del proyecto es la expansión del límite de deducción de impuestos estatales y locales SALT. La legislación aumentaría el límite de $10,000 a $40,000 para contribuyentes que ganan menos de $500,000 al año, con el nuevo límite ajustándose anualmente por inflación hasta 2033.
A primera vista, esta medida podría parecer beneficiar a la “clase media”, pero un análisis más profundo revela su verdadera naturaleza como subsidio a los suburbios ricos. La deducción SALT principalmente beneficia a propietarios de viviendas en áreas de alto costo y altos impuestos, típicamente suburbios prósperos en estados como Nueva York, Nueva Jersey, California y Connecticut. Estos son precisamente los contribuyentes que ya se benefician desproporcionadamente de otras deducciones fiscales como los intereses hipotecarios y las deducciones por donaciones caritativas.
Familias que ganan hasta medio millón de dólares anuales no constituyen “clase media” bajo ninguna definición razonable del término. Esta disposición efectivamente subsidia a las clases profesionales-gerenciales acaudaladas, mientras hace nada por familias trabajadoras que rentan sus viviendas o viven en áreas de menores costos.
La hipocresía de esta medida se vuelve aún más evidente cuando se considera su contexto histórico. Los mismos republicanos que durante años argumentaron que la deducción SALT constituía un subsidio federal a estados “de altos impuestos” ahora la expanden masivamente. Esta reversión completa de posición revela que la oposición original nunca fue sobre principios fiscales, sino sobre castigar estados políticamente hostiles mientras se recompensa a bases electorales republicanas.
El ataque coordinado a la educación pública
Impuestos Punitivos a la Educación Superior
El proyecto de ley lanza un ataque multifacético contra la educación superior pública mientras simultáneamente subsidia alternativas privadas. La medida aumentaría los impuestos a las dotaciones universitarias privadas, implementando un sistema escalonado con tasas desde 1.4% hasta 21% para instituciones con mayores dotaciones por estudiante.
Aunque superficialmente esto podría parecer un ataque a las instituciones de élite, la realidad es más compleja. Estos impuestos están cuidadosamente diseñados para generar ingresos sin fundamentalmente alterar las ventajas competitivas de las universidades de élite. Instituciones como Harvard, Yale y Princeton, con dotaciones que se miden en decenas de miles de millones, pueden absorber fácilmente estos impuestos sin comprometer significativamente su capacidad de atraer a las familias ricas.
Más problemático es cómo estos ingresos se utilizarán. En lugar de reinvertir en educación superior pública, que ha sufrido décadas de austeridad económica estatal, los ingresos generados por estos impuestos se canalizan hacia vales para educación privada. Esta estructura efectivamente convierte las dotaciones universitarias en un mecanismo de financiamiento para la privatización de la educación.
El sistema de vales: subsidios públicos para educación privada
La creación de un programa de vales de $5,000 para familias de ingresos bajos y medios para educación privada, parroquial o educación en el hogar representa una escalada significativa en la campaña de privatización educativa. Aunque promocionado como “elección escolar”, la evidencia empírica de décadas de experimentos con vales revela consistentemente que estos programas aumentan la segregación educativa mientras proporcionan subsidios públicos a familias que ya pueden permitirse educación privada.
Los $5,000 propuestos representan sólo una fracción del costo de la educación privada de calidad. En áreas metropolitanas, la matrícula en escuelas privadas de preparatorias universitarias frecuentemente excede $30,000 anuales. Por lo tanto, estos vales principalmente subsidian a familias de clase media-alta que ya estaban considerando educación privada, mientras que proporcionan una ilusión de acceso a familias trabajadoras que aún no pueden permitirse la diferencia de costo.
Insidiosamente, el programa está diseñado para debilitar el apoyo político a la educación pública. Al permitir que una porción de familias de clase media escape del sistema público con subsidios gubernamentales, el programa reduce la base de apoyo político para el financiamiento robusto de escuelas públicas. Esta estrategia de “divide y vencerás” ha sido utilizada exitosamente en estados como Wisconsin e Indiana para justificar recortes continuos a la educación pública.
La transformación de los préstamos estudiantiles
Los cambios propuestos al sistema de préstamos estudiantiles revelan una estrategia coordinada para hacer la educación superior menos accesible para estudiantes de familias trabajadoras. El proyecto eliminaría regulaciones de alivio de préstamos estudiantiles implementadas por la administración Biden y reduciría los planes de pago a solo dos opciones.
La eliminación de múltiples planes de pago elimina la flexibilidad que ha permitido a millones de graduados manejar la deuda estudiantil durante períodos de desempleo, subempleo o crisis financiera familiar. Los nuevos términos propuestos para la segunda opción, basarían los montos mensuales a pagar en el 15% del ingreso discrecional con períodos de pago de 20 y 25 años (la deuda puede perdonarse después de este plazo). A diferencia del plan se la administración de Biden que se basaba en el 5% y tenía periodos de pago de 10 años efectivamente aumenta el costo total de la educación superior.
Particularmente devastadora es la propuesta de eliminar préstamos para futuros posgrados. Esta medida efectivamente privatiza el financiamiento de la educación de posgrado, limitando el acceso a programas profesionales y de investigación a estudiantes de familias prósperas que pueden financiar estas credenciales sin deuda federal. Dado que muchas profesiones esenciales —desde trabajadores sociales hasta maestros y consejeros de salud mental— requieren educación de posgrado, esta medida sistemáticamente excluye a estudiantes de clase trabajadora de carreras de servicio público.
El impuesto a las remesas: atacando las líneas de vida familiares
El nuevo régimen de vigilancia financiera
Una de las medidas más crueles del proyecto es la imposición de un impuesto del 3.5% a las transferencias de fondos al extranjero, excepto para ciudadanos y nacionales estadounidenses. Esta política, combinada con las nuevas regulaciones implementadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) el 11 de marzo de 2025, crea un régimen de vigilancia financiera sin precedentes que efectivamente criminaliza el apoyo económico a familias en el extranjero.
Las nuevas regulaciones de FinCEN requieren que las empresas remesadoras proporcionen información personal adicional, incluyendo números de seguridad social y tarjetas verdes, para todas las transacciones superiores a $200. Este umbral representa una reducción dramática del requisito previo de $10,000, efectivamente convirtiendo cada transacción rutinaria en un evento de vigilancia gubernamental.
El impacto de estas medidas ya se ha materializado en una caída del 12.1% en las remesas desde Estados Unidos a México en abril de 2025, justo después de que las nuevas regulaciones entrarán en vigor el 14 de abril. Esta reducción representa millones de dólares menos llegando a familias mexicanas que dependen de estos fondos para necesidades básicas como alimentación, atención médica y educación.
La arquitectura de la exclusión económica
El diseño del impuesto a las remesas revela una sofisticada comprensión de cómo excluir económicamente a las comunidades migrantes sin violar explícitamente las leyes antidiscriminatorias. Al eximir a algunos ciudadanos estadounidenses del impuesto, la política crea un sistema de castas económicas donde el estatus legal determina el costo de mantener vínculos familiares transnacionales.
La documentación requerida por Western Union (quien tiene convenios de transacción económica con Elektra y Banco Azteca en México) bajo las nuevas regulaciones ilustra la carga burocrática diseñada para desalentar las transferencias. Los remitentes ahora deben proporcionar múltiples formas de identificación con foto, comprobantes de domicilio fechados dentro de los últimos tres meses, evidencia de relación con el beneficiario, documentación de fuente de fondos, y prueba de situación laboral. Esta lista exhaustiva de requisitos efectivamente recrea las barreras que históricamente han excluido a las comunidades inmigrantes de los servicios financieros formales.
La política también amenaza con forzar las transferencias hacia canales informales y potencialmente peligrosos. Históricamente, cuando los gobiernos han aumentado las regulaciones y costos de las remesas formales, las transferencias migran hacia sistemas hawala y otros mecanismos informales que operan fuera del sistema bancario regulado. Esta migración no solo priva al gobierno mexicano de ingresos fiscales, sino que también expone a las comunidades migrantes a fraudes y robos.
Las consecuencias sistémicas: redistribución hacia arriba
La aritmética brutal de la desigualdad
Cuando se analizan en conjunto, las disposiciones del “One Big Beautiful Bill Act” revelan una transferencia de riqueza de proporciones históricas. Los recortes combinados a Medicaid ($723 mil millones) y SNAP ($267 mil millones) totalizan aproximadamente $990 mil millones durante la próxima década. Sin embargo, hacer permanentes los recortes fiscales de la TCJA costará aproximadamente $3.3 billones durante el mismo período.
Esta aritmética revela la verdadera naturaleza del proyecto: por cada dólar recortado de programas que mantienen vivos a los pobres, más de tres dólares van directamente a reducir las obligaciones fiscales de los ricos. Esta no es política fiscal responsable; es redistribución hacia arriba promovida por el gobierno.
El impacto generacional
Las medidas educativas del proyecto tendrán consecuencias generacionales profundas. Al hacer la educación superior menos accesible para estudiantes de familias trabajadoras mientras subsidia la educación privada para familias ricas, el proyecto efectivamente institucionaliza la desigualdad educativa. Esta estratificación educativa se traducirá directamente en desigualdad económica durante las próximas décadas.
Las “Cuentas Trump” propuestas —cuentas de ahorro para niños con una contribución inicial gubernamental de $1,000 y hasta $5,000 anuales en contribuciones libres de impuestos— ilustran perfectamente esta dinámica. Aunque promocionadas como una política pro-familia, estas cuentas principalmente benefician a familias que ya tienen la capacidad de ahorrar $5,000 anuales adicionales. Para familias que luchan por cubrir necesidades básicas, la oportunidad de contribuir miles de dólares anuales a cuentas de ahorro a largo plazo simplemente no existe.
La resistencia política y las perspectivas futuras
Movilización de las comunidades afectadas
La implementación de estas medidas ya ha generado resistencia significativa de las comunidades directamente afectadas. Organizaciones de derechos de migrantes han documentado cómo las nuevas regulaciones de remesas están forzando a familias a recurrir a prestamistas predatorios y servicios de transferencia informal. Grupos de defensa de la salud han comenzado a documentar casos de personas que posponen atención médica necesaria en anticipación de perder cobertura de Medicaid.
La experiencia histórica sugiere que la resistencia será particularmente intensa a nivel estatal. Estados como California, Nueva York e Illinois, que han invertido significativamente en expansiones de Medicaid y programas de asistencia alimentaria, enfrentan la perspectiva de perder miles de millones en financiamiento federal. Esta presión fiscal probablemente genere batallas legales prolongadas sobre la autoridad federal para imponer estos recortes.
Las elecciones de 2026 y más allá
El “One Big Beautiful Bill Act” representa una apuesta política de que los votantes estadounidenses aceptarán transferencias de riqueza extremas hacia las élites a cambio de políticas culturales fascistas y retórica antiinmigrante. Sin embargo, la evidencia histórica sugiere que cuando las consecuencias concretas de las políticas de este tipo se materializan —personas perdiendo cobertura médica, familias perdiendo asistencia alimentaria, estudiantes incapaces de acceder a educación superior— la respuesta política puede ser severa.
Las elecciones intermedias de 2026 proporcionarán la primera prueba electoral de estas políticas. Dado que los efectos más severos de los recortes no se materializarán completamente hasta 2027-2028, la administración Trump apuesta a que puede evitar las consecuencias electorales inmediatas mientras cementa permanentemente una arquitectura fiscal regresiva.
El verdadero costo de la codicia
El “One Big Beautiful Bill Act” no representa política pública; representa saqueo. Bajo el barniz de retórica fascista y nostálgica sobre “hacer grande a América de nuevo”, la legislación ejecuta una de las transferencias de riqueza más agresivas en la historia estadounidense moderna, canalizando cientos de miles de millones desde programas que literalmente mantienen vivos a los vulnerables hacia reducciones fiscales para los ya acaudalados.
Las consecuencias humanas de estas políticas se medirán en vidas perdidas por falta de atención médica, niños que sufren inseguridad alimentaria, familias forzadas a elegir entre medicamentos y comida, y una generación entera de estudiantes excluida de la educación superior. Mientras tanto, las familias multimillonarias verán sus obligaciones fiscales reducidas permanentemente, cementando dinastías de riqueza que perdurarán por generaciones.
Esta no es la primera vez en la historia estadounidense que las élites económicas han utilizado crisis políticas para reescribir las reglas económicas a su favor. Sin embargo, la escala y sofisticación del “One Big Beautiful Bill Act” representa una escalada cualitativa en la guerra de clases desde arriba. La pregunta que enfrentan los estadounidenses no es si pueden permitirse estos programas sociales, sino si pueden permitirse una democracia donde la política pública se subasta al mejor postor.
La resistencia a estas medidas no será fácil ni rápida. Sin embargo, la historia estadounidense demuestra repetidamente que cuando las transferencias de riqueza hacia arriba alcanzan extremos suficientes, generan movimientos políticos que pueden revertir décadas de retroceso social. La pregunta es si esa resistencia puede organizarse antes de que el daño se vuelva irreversible.
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