La política fiscal trumpista: ¿A quiénes beneficia?

La política fiscal trumpista: ¿A quiénes beneficia?

¿A qué grupo busca beneficiar Donald Trump con su política fiscal? Este jueves 4 de junio entró en vigor un aumento del 50% de los aranceles al acero y aluminio, A la par que el titular del ejecutivo estadounidense presiona al senado para aprobar su proyecto de ley nombrado One Big Beautiful Bill Act

One Big Beautiful Bill Act, es una iniciativa trumpista que plantea recortes tributarios, recortes en gasto social y medidas de seguridad fronteriza. Tal es el caso de  Medicaid, el programa de salud que cubre los gastos médicos de personas de bajos ingresos con residencia en Estados Unidos. 

De acuerdo a estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), 7.6 millones de personas dejaran de estar aseguradas, mientras que 10.3 millones verán afectado su acceso a cobertura médica. Por otro lado, en el “Bill Act” se establece una reducción al gasto del Programa de Asistencia Nutricional de $267 mil millones de dólares. 

Además, de estas devastadoras medidas a programas sociales, la legislación busca hacer permanentes los recortes de impuestos establecidos en la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 (TCJA) ¿Qué significa esto? que habrá una mayor acumulación de la riqueza en las élites estadounidenses. 

Según un análisis del Instituto de Política Fiscal, aproximadamente el 60% de los beneficios de la ley original fueron para el 20% más rico de los contribuyentes, mientras que el 1% superior recibió cerca del 25% de todos los beneficios. 

La “gran hermosa ley”, es una gran exclusión económica al más alto nivel. Entre las medidas más ambiciosas de este plan económico se encuentra la implementación de un impuesto del 3,5% sobre las remesas enviadas por inmigrantes sin ciudadanía o residencia permanente. Un ataque directo a la vida de las y los familiares que reciben apoyo económico por parte de familiares que trabajan en Estados Unidos.  

El desenfreno más reciente del gobierno de Estados Unidos en materia fiscal y comercial

Ante un aumento del 25% –vigente desde febrero del año en curso– al 50% del impuesto a las importaciones de acero y aluminio a ese país, ante lo cual muchos países del mundo han acelerado mesas de negociación con representantes comerciales de Estados Unidos. Este es el caso de la Unión Europea, Canadá y México, según anunció la Presidenta de la República durante la conferencia de hoy. 

Después de una reunión con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), la Doctora detalló la orden dada al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de dar inicio a las conversaciones con el responsable de tratados comerciales y con el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, con el objetivo de lograr un acuerdo. De no concretarse, se traduciría en una respuesta de similar naturaleza por parte del gobierno mexicano, garante de que se preserven los empleos en el sector metalúrgico así como la seguridad de las empresas nacionales.

Durante el primer mandato de Donald Trump el gobierno de Estados Unidos tomó medidas de incremento a las tarifas de importación de acero y aluminio. En 2018, cuando se decretaba la ahora invocada sección 232, el presidente exclamaba: “las guerras comerciales son buenas, y fáciles de ganar” lo cual pone en duda la concepción que podría tener el gobierno norteamericano respecto de México y otros países. 

Las alzas a los impuestos decretadas de manera unilateral también vulneran los entendimientos comerciales que existen entre México, Canadá y Estados Unidos, lo cual deberá dotar de criterios de negociación a los representantes mexicanos ante la revisión del TMEC que se llevará a cabo en 2026.

El incremento  a los aranceles a las importaciones de Estados Unidos se viene justificando bajo la consigna de “seguridad nacional”, una fachada sobre las reformas oligárquicas de Trump. Tanto la One Beautiful Bill Act como el incremento arancelario parecen beneficiar a un sector muy estrecho de la población estadunidense, no a la población norteamericana en su conjunto como comprueba el Instituto Peterson, quien identifica que los beneficiarios más probables de la modificación en el mercado de los metales serán empresas como U.S. Steel, Nucor, Steel Dynamics y ArcelorMittal.

Con el inminente aumento de precios, la pérdida de empleos, y la pérdida de garantías sociales van en detrimento de la sociedad y manufactureros de diversas partes del mundo. Ante este escenario, la estrategia por la que ha optado el Gobierno de México es, de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum “asumir la responsabilidad y proteger a trabajadores y a la industria del acero y aluminio en México.

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